
Implementación se conversó este lunes durante reunión de autoridades judiciales con presidenta Fernández
19/05/26 | 15:04pm
La posibilidad de implementar con regularidad la prueba de polígrafo a funcionarios del Poder Judicial fue uno de los temas de conversación durante la reunión que sostuvieron este lunes las autoridades judiciales con la presidenta de la República, Laura Fernández.
Se trata de un planteamiento inicial que aún no tiene definidos mayores detalles sobre la posible aplicación; sin embargo, abogados advierten desde ya que en el país existe una imposibilidad constitucional de establecer un uso obligatorio de esta herramienta conocida como “detector de mentiras”.
De acuerdo con lo señalado por la mandataria, la intención es aplicar dicha prueba a funcionarios judiciales de niveles superiores e incluso, Fernández mencionó que actualmente también se analiza su uso para los miembros del Gobierno.
“… hablamos del polígrafo, de la posibilidad de que el Poder Judicial, a como lo vamos a incorporar desde el Ejecutivo, incluya pruebas de polígrafo para que las personas funcionarias que están en niveles superiores y que tienen que manejar casos donde pueden haber caído en corrupción por parte del crimen organizado se estén sometiendo, como lo hace hoy día el FBI, la DEA, la CIA, a polígrafos de manera ordinaria”, dijo la presidenta de la República tras la reunión con autoridades judiciales.
Tras el anuncio realizado, en el Poder Judicial aclaran que se trata de un planteamiento que apenas inicia su etapa de análisis y por parte de expertos en derecho se advierte sobre las inconsistencias y jurisprudencia que registra la herramienta.
“Allá en el año 2004 la Sala Constitucional había analizado el tema de la utilización del polígrafo y había venido a considerar que no es posible obligar a los funcionarios a utilizarlo.
“En el año 2021 se emite una ley que se llama ‘Ley para regular el uso del polígrafo para determinar rasgos de confiabilidad en los cuerpos de policía y seguridad nacional’. Es una ley que internamente establece que es de aplicación voluntaria, es decir, no se le puede obligar al funcionario, al Poder Judicial”, explicó en el programa Nuestra Voz el abogado penalista Bernan Salazar.
El jurista detalló que la posibilidad de aplicar las pruebas de polígrafos puede calificarse como “interesante” e incluso técnicamente viable, pero que no se debe dejar de lado que existen diversos cuestionamientos sobre los resultados de este tipo de evaluaciones.
Este es un aspecto, señala Salazar, que debe tomarse en cuenta.
“Todavía al polígrafo no es tan fiable, los resultados que da en las pruebas que se realizan para efectos de determinar, que incluso podría considerarse que es inconstitucional, es un tema que analizó la Sala Constitucional allá en el año 2004 porque sería casi como obligar al imputado, a la persona investigada, a declarar en su contra; convertir al sujeto en un objeto de prueba, entonces ahí creo que el ambiente desde el punto de vista jurídico está, pero que en la práctica se pueda utilizar es otra cosa”, manifestó el abogado que ha estudiado el tema a profundidad.
Bernan Salazar - abogado
El experto en criminología y también abogado, Erick Villalba, señaló su opinión en la misma línea, cuestionando los resultados que la prueba de polígrafo puedan emitir, así como la legalidad que tendrían para procesos disciplinarios o incluso despidos.
“Hay países donde se ha implementado y no ha tenido éxito, como por ejemplo en México; hay países donde sí se ha establecido y ha tenido éxito, por ejemplo, en algunos estados de los Estados Unidos, que es de carácter obligatorio someterse, y si no quiere ser valorado a través de este instrumento, simple y sencillamente es razón y motivo del despido porque desde el contrato se lo establecen de carácter obligatorio.
“¿Qué es lo que pasa? Que hoy por hoy en nuestra legislación costarricense este tipo de implementaciones o de instrumentos no son aceptados legalmente. ¿Por qué? Porque se ha llegado a considerar que es manipulable a pesar de todo lo que hemos visto en las películas, en otros países, etcétera; sigue siendo manipulable, no tiene certeza del 100% y tendríamos que tener muchísimo cuidado con esto porque podríamos caer en algún tipo de abuso”, explicó Villalba al agregar que si un funcionario judicial, por ejemplo, un juez, se somete a una prueba de este tipo “y la pierde” se debe analizar si este resultado puede funcionar como base para procesos disciplinarios.
Erick Villalba – abogado
El experto afirmó que podría resultar “interesante” la implementación del polígrafo tomando en cuenta que sería una aplicación voluntaria y que la ciudadanía esperaría que al tratarse de funcionarios públicos no existiría inconvenientes en hacerlo de manera periódica.
“Lo que pasa es que sí, desde un punto de vista laboral-penal, no podría ser sancionada la persona únicamente por este elemento.
“Novedoso, pero mucho cuidado que hoy por hoy no es aceptado en la Constitución costarricense y en muchas otras de Latinoamérica”, dijo el abogado.
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