
CGR revela casos que ameritan revisión y que representaron la asignación de ¢1.762 millones
13/07/26 | 16:29pm
Un total de 12 núcleos familiares con ingresos de más de ¢1.9 millones recibieron bono del Banco Hipotecario de la Vivienda entre 2024 y 2025, así lo señala un reciente informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR).
Se trata del informe “Desafío del Banhvi para asegurar la priorización de bonos y la trazabilidad de información”, reporte de fiscalización No. DFOE-BIS-RF-00001-2026 emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social del ente contralor el pasado 10 de julio.
En dicho documento se analizó la asignación de bonos de vivienda otorgados por entidades privadas que reciben recursos del Banhvi.
“El análisis se realizó mediante el cruce de bases de datos institucionales y el análisis documental con el propósito de identificar posibles brechas”, informó la CGR al explicar que los resultados son importantes porque revela el nivel de priorización de familias en condición de vulnerabilidad para su acceso a una vivienda digna y la trazabilidad sobre el uso adecuado de recursos públicos.
La Contraloría revela que existen casos que requieren revisión, ya que se identificaron expedientes donde la entrega del bono de vivienda se asignó a núcleos familiares que al momento del desembolso registraban ingresos superiores al límite establecido por el Banhvi.
“Asimismo, se evidenciaron vacíos de información en el Sistema de Cuentas del Sector Público (SCSP) respecto de los recursos transferidos y en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) en referencia a las personas atendidas. Esto afecta la capacidad del Banhvi para conectar de forma trazable los recursos transferidos, las entidades privadas, las personas y asegurar el logro de los resultados esperados con las poblaciones más vulnerables”, señala la CGR.
Sobre los casos concretos, la Contraloría General de la República revela que se identificaron entregas inadecuadas de bonos catalogados como de extrema pobreza, así como expedientes donde los beneficiados eran parte de un grupo familiar con ingresos millonarias (más de ¢1,9 millones), lo que debería impedir el acceso a cualquier tipo de ayuda del Estado.
“De acuerdo con los requisitos estipulados para optar por un bono del programa para familias en extrema necesidad, el ingreso familiar debe ser menor a ¢485.019 mensuales. No obstante, se encontró que 88 personas integrantes de un núcleo familiar que recibió uno de estos bonos entre 2024 y 2025 registraban ingresos superiores a dicho monto en el mes del desembolso, según el cruce de información realizado con el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere). Esto podría implicar casos que ameritan la revisión en la asignación de bonos efectuada por 7 entidades privadas en la asignación de ¢1.762 millones.
“Además, entre los requisitos para recibir cualquier tipo de bono se encuentra tener un ingreso máximo de ¢1,9 millones mensuales de ingreso familiar, sin embargo, se contabilizaron 12 casos de personas que registrar ingresos superiores a dicho monto el mismo mes en el que se desembolsó el subsidio; aunado a que se les asignaron bonos por montos mayores al establecido en ¢6,1 millones”, revela el informe.
Entre los hallazgos también se señala que se realizaron transferencias por ¢21.633 millones a cuentas fuera del Sistema de Cuentas del Sector Público en 2025 y que 483 beneficiarios de un bono de vivienda no fueron reportadas a Sinirube y se asocian con la asignación de ¢8.968 millones, lo que representa el 16,3% del total de bonos otorgados ese año (2.964).
“Lo anterior refleja que el Banhvi presenta brechas en el uso efectivo de los sistemas que el país ha dispuesto para la integración de información financiera y de las personas atendidas con los recursos transferidos”, menciona el informe.
Los datos y la información analizada para el informe de la CGR tienen relación con el desembolso que realizaron 14 organizaciones privadas que recibieron transferencias del Banhvi para otorgar bonos.
La Contraloría hace el llamado de atención a la relación de “custodia y administración de fondos” que debe realizar el Banco Hipotecario de la Vivienda en el proceso, para garantizar que los recursos lleguen a las personas de mayor necesidad, “lo que requiere la aplicación de controles más amplios sobre el accionar de los privados y los resultados finales”.
“De ahí, la importancia de la vigilancia del Banco en la asignación de los bonos y su manejo de la información asociada, tanto de los recursos otorgados como de las personas atendidas”, menciona el ente contralor al explicar que debe mejorarse la gestión de control, cruces de datos y revisiones.
AmeliaRueda.com consultó al Banhvi su posición tras conocer el informe de la CGR; sin embargo, al cierre de la información no se recibió respuesta.
Noticias, reportajes videos,
investigación, infografías.
Periodismo independiente en Costa Rica.
(506)4032-7931
|
comunicados@ameliarueda.com
Privacidad